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SD.  Luego de que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunciara que el Gobierno había suscrito de forma irregular un contrato de préstamo de 130 millones de dólares con la empresa Sund Land, la primera reacción oficial fue la de negar dicha operación. El secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, dijo en una declaración pública que el Estado no tenía ningún compromiso con esa empresa, pero a lo largo de casi cuatro meses de debates y críticas, los diferentes documentos en torno al caso no sólo demostraron la existencia del contrato, sino que han torcido el pulso al Gobierno hasta que tuvo que rescindirlo.

El contrato suscrito en mayo del 2006 por Felix Bautista, director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado con Sund Land, financiaría once obras, que mediante adendum quedaron reducidas a cinco edificaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El Gobierno debía pagar 19 pagarés por un monto de 6.8 millones de dólares, pero el mismo no pasó por el Congreso para su aprobación.

El PLD se defendió alegando que se trataba de una práctica frecuente en el país y que el actual candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, firmó iguales contratos en la pasada gestión. Pero eso no detuvo a los perredeístas que el pasado 18 de octubre presentaron un recuso de inconstitucionalidad ante la Suprema para que se declarara inconstitucional porque viola la Constitución de la República.

Tras el mutismo que caracterizó al Gobierno, la defensa vino entonces de ingenieros encargados de las obras y el rector de la UASD, Roberto Reyna, que pedía que no se detuvieran los trabajos en el campus. Pero la presión de los diferentes sectores para que se esclareciera el caso obligaron a que el propio presidente Leonel Fernández convocara a los directores de medios de comunicación para explicar que para la operación se consultaron “varias firmas de expertos juristas que aseguraron que se trataba de una acción legal y constitucional que no requería ser sometida a la consideración de los legisladores”.

Contrato

Cuando todo parecía tranquilo, el interés del Fondo Monetario Internacional (FMI) por los documentos del contrato con Sund Land volvieron a presionar al Gobierno, que el pasado viernes anunció que lo había rescindido porque supuestamente la empresa no cumplió los plazos en la ejecución de sus compromisos. El Gobierno debe pagar los US$32 millones que se habían ejecutado.

- Tania Molina

diariolibre.com
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